Desde comienzos de los años setenta, el constante deterioro del medio ambiente ha motivado una toma generalizada de conciencia de la gravedad de los daños que el hombre causa a la Naturaleza.
La importancia vital que tiene para la Humanidad proteger el medio ambiente, así como la acción decisiva de numerosos organismos especializados, ha llevado, con los años, a la aprobación de una importante reglamentación jurídica de las cuestiones relativas a la protección y a la preservación del medio ambiente.
Esta toma de conciencia -y la acción normativa resultante- se manifestó, en primer lugar, a nivel de los Estados.
Esto ha hecho que se apruebe un gran número de textos legislativos para proteger el medio ambiente como tal, o algunos de sus elementos (leyes sobre la protección de las aguas, del aire, de los bosques, etc.). Asimismo, muchos Estados han promulgado normas constitucionales relativas a la protección del medio ambiente [3].
Sin embargo, en vista de la gravedad de los problemas ecológicos, de la dimensión evidentemente transnacional de algunos de ellos y de la insuficiencia de las medidas medioambientales exclusivamente nacionales, los Estados y los organismos especializados no tardaron en llegar a la conclusión de que era indispensable una reglamentación internacional de estas cuestiones.
La protección o la preservación del medio ambiente se inscribió así en el orden del día de muchas instituciones que promueven el desarrollo del derecho internacional general. Sus trabajos condujeron a la aprobación de una importante normativa en constante desarrollo: el derecho internacional relativo al medio ambiente. El contenido de ese derecho es variado: incluye tanto disposiciones relativas a las modalidades de cooperación internacional que deben instaurarse para hacer frente a los atentados contra el medio ambiente como las normas referentes a la prevención de esas agresiones, por citar sólo algunos ejemplos